El oficialismo cuenta con los apoyos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, aunque enfrenta reparos de sectores dialoguistas respecto al capítulo 7 de la iniciativa.
Durante una reunión a puertas cerradas realizada el jueves pasado, el PRO y la UCR manifestaron su respaldo al texto, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi condicionaron sus votos a modificaciones profundas en ese apartado.
El capítulo en cuestión requiere una mayoría especial de 129 votos en la votación en particular debido a que contempla cambios en el sistema electoral. Ante las dificultades para reunir esa cantidad, el Gobierno analiza retirar el segmento para preservar el núcleo central de sanciones contra petroleras que operan sin aval argentino en el Atlántico Sur.
La sesión convocada para el miércoles a las 12 del mediodía también incluirá la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en causas de menores e integridad sexual, y convenios internacionales con el MERCOSUR y la AELC.
El apartado resistido prevé multas a extranjeros sin residencia y a entidades jurídicas extranjeras que financien campañas, además de tipificar delitos vinculados a la injerencia extranjera con penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia, poner secretos a disposición de otro Estado o brindar ayuda a tareas clandestinas.
Tras las críticas recibidas, el Ejecutivo excluyó de la persecución penal y económica a la actividad diplomática, la expresión de opiniones, la labor periodística, la investigación académica y la representación abierta de intereses. Sin embargo, persisten dudas en sectores opositores y aliados sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior y los protocolos para derribar aeronaves o hundir barcos.
La iniciativa mantiene las sanciones para la explotación no autorizada de recursos en la cuenca de Malvinas con penas de hasta 20 años de prisión, aunque se eximió a accionistas con participaciones de hasta el 2% y se redujeron las multas estipuladas. A su vez, se modificó la integración del Consejo de Seguridad Nacional para sumar a los titulares de ambas cámaras legislativas y a gobernadores.
A pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar las decisiones del Consejo, cuyas medidas deberán ser informadas en un plazo máximo de 48 horas. Otro de los puntos cuestionados otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), lo que genera objeciones de la oposición por posibles márgenes de discrecionalidad en la persecución de la disidencia.

