El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una profundización en la reducción de tributos provinciales que contempla modificaciones en el Inmobiliario Urbano, Ingresos Brutos y Automotor. El proyecto contempla una baja del 30 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97 por ciento de los inmuebles cordobeses, al tiempo que el 3 por ciento restante registrará un recorte del 5 por ciento.
La iniciativa oficial conserva las exenciones y los beneficios sociales destinados a los sectores vulnerables, abarcando a adultos mayores, personas con discapacidad y titulares de programas de acceso a la vivienda social. En el caso de Ingresos Brutos, la alícuota general se reducirá de 4,75 por ciento a 3,50 por ciento, lo que representa una baja de 1,25 puntos porcentuales.
El esquema prevé sumar a 40.000 nuevos contribuyentes al régimen de alícuota reducida, abarcando a un total de 110.000 pequeños y medianos contribuyentes que representan el 58 por ciento del tributo en la provincia. Desde el Ejecutivo provincial calcularon que estas modificaciones y la prórroga de beneficios vigentes permitirán que 1,5 billones de pesos queden en poder de los sectores productivos y las familias.
El proyecto presupuestario también contempla una quita del 50 por ciento en el Impuesto Automotor para rodados vinculados al transporte público de pasajeros, taxis, personas con discapacidad, pacientes crónicos y vehículos de aplicaciones digitales, sujetos a la reglamentación. Asimismo, se enviará a la Legislatura una Ley de Promoción del Comercio para ampliar a este sector los beneficios del sistema de Impuestos por Inversión con el fin de fomentar proyectos y empleo privado.
La propuesta mantiene además la alícuota cero en Ingresos Brutos para el agro y la industria alcanzados por la medida, junto a los estímulos vigentes para la promoción industrial y sectores estratégicos. El gobierno cordobés señaló que la merma impositiva se combinará con una contención del gasto para sostener el equilibrio fiscal y priorizar fondos en áreas como salud, educación, seguridad y programas sociales.
La gestión provincial prevé asegurar partidas para terminar las obras públicas que están en marcha, limitar el inicio de nuevas obras y recortar un 40 por ciento el gasto destinado a la publicidad oficial. Estas medidas se proyectan sobre un escenario oficial que da cuenta del cierre de más de 3.000 locales comerciales, la destrucción de más de 35.000 empleos y una merma en la recaudación provincial que se extendió por más de diez meses seguidos.

