Un estudio elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que en los primeros cuatro meses de aplicación de la Reforma Laboral se destruyeron 36.000 puestos de trabajo formales y cerraron 6.905 compañías en el país. El Monitor de la Reforma Laboral advirtió que la normativa, implementada en marzo de 2026 con el propósito oficial de fomentar la contratación registrada y la apertura de empresas, contrasta con sus metas iniciales.
El documento detalló que la contracción laboral acumula 13 meses consecutivos de retroceso en el empleo privado formal, lo que representa un total de 241.200 puestos menos desde la modificación de gestión en noviembre de 2023. Esta caída afectó a casi todas las actividades, abarcando incluso a sectores dinámicos como la minería, el petróleo y la intermediación financiera, un diagnóstico compartido por un análisis del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
La merma en la incorporación de personal al mercado formal, que descendió a un piso del 1,6% de los ocupados totales, impulsó la disminución constante de la masa salarial. En paralelo, la desocupación se situó en el 7,9%, la subocupación llegó al 11,5% y la informalidad laboral trepó al 45% de los trabajadores, la cifra más elevada en la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Actualmente, más de 6 millones de personas se desempeñan en la informalidad en el territorio argentino, un sector no registrado que en el último año incorporó 348.000 puestos impulsados principalmente por el cuentapropismo. En el ámbito corporativo, el estudio señaló que desde el comienzo de la gestión gubernamental actual cerraron 31.342 empresas a nivel nacional, con 709 bajas registradas únicamente en el último mes analizado.
El impacto recayó mayoritariamente sobre las pequeñas y medianas empresas, donde las unidades de entre 1 y 10 empleados sufrieron una merma del -6,8%, y el 47% de los cierres totales se concentró en establecimientos de hasta 100 trabajadores. Los rubros con mayores descensos netos fueron Comercio con 8.758 empresas menos, Transporte y almacenamiento con 6.915 e Industria con 4.158, mientras que el cierre de firmas abarcó a 23 de las 24 provincias, siendo Neuquén la única excepción con un leve incremento de 72 empresas.
Al evaluar los instrumentos principales de la iniciativa legislativa, el IAG indicó que “el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no parecen haber sido suficiente 'incentivo' para que el sector privado contrate bajo este nuevo esquema legal”. Respecto a las remuneraciones, el reporte indicó que a cuatro meses de sancionada la ley, el salario privado formal registra una disminución real del 3,7% frente al promedio de enero a noviembre de 2023.
La entidad añadió que la baja llega al 8% si se toma en cuenta el IPC actualizado que no fue aplicado por el Gobierno en los primeros meses del año, al tiempo que especificó que las remuneraciones del sector público nacional retrocedieron un 37,8% en el mismo lapso.