El incumplimiento en los pagos de las familias argentinas trepó al 12,9% en julio de 2026, lo que representa un marcado incremento en comparación con el 5,6% registrado en el mismo mes del año anterior. Este dato surge de un informe elaborado por el centro de estudios Fundación Pensar, que ubica al indicador en el valor más alto desde que comenzó la serie estadística en enero de 2010. Si bien el estudio detecta señales de una desaceleración en el ritmo de deterioro, aclaró que todavía no es posible hablar de una normalización en la economía de los hogares.
El impacto de la morosidad se observa con mayor fuerza en las líneas de financiamiento orientadas al consumo. Los préstamos personales lideraron el índice con una irregularidad del 16,7%, seguidos de cerca por las tarjetas de crédito con el 12,8%. En tanto, los créditos prendarios alcanzaron un 8,1% de irregularidad y los hipotecarios se ubicaron en el 1,6%.
Desde el espacio político explicaron que la ampliación del acceso al financiamiento se da en paralelo con mayores complicaciones para cumplir con las deudas. Según el informe, una porción de la sociedad recurrió al crédito como herramienta para sostener el consumo diario frente a ingresos reducidos y gastos fijos elevados.
Un relevamiento de alcance nacional realizado por la consultora Casa Tres, e incorporado dentro del mismo estudio, arrojó que el 58% de los encuestados debió solicitar un préstamo, usar crédito o financiar gastos durante los últimos meses. Al detallar el destino de esos fondos, el 26% los destinó a la compra de comida, el 21% a cubrir gastos diarios del hogar, el 15% a servicios, impuestos u otras obligaciones, y el 14% a cancelar deudas previas.
Por otra parte, el 54% de los participantes reconoció que en el último tiempo debió suspender pagos o atrasarse en alguna obligación por razones económicas. Dentro de este grupo, el 46% acumuló demoras en servicios, el 36% en resúmenes de tarjetas de crédito y el 33% en préstamos o deudas generales.
Los autores del trabajo aclararon que ese 54% no debe interpretarse como si la mitad de la población estuviera en situación de mora bancaria. La encuesta contempla obligaciones financieras y pagos corrientes, mientras que el sistema bancario computa exclusivamente los saldos de créditos en situación irregular.
El relevamiento expone además una notoria disparidad según el nivel socioeconómico de los consultados. El 72% de las personas encuestadas pertenecientes al sector de menores ingresos reportó retrasos en sus pagos, un porcentaje que desciende al 43% en la clase media y al 30% en los sectores de mayores ingresos.
A su vez, el segmento etario más joven muestra una alta vulnerabilidad frente al endeudamiento. Entre quienes poseen algún tipo de crédito, el 37% de las personas de entre 18 y 25 años se encontraba en mora, una proporción idéntica a la registrada en el grupo de 26 a 35 años. En contraste, ese porcentaje baja de forma sostenida hasta llegar al 16% entre los mayores de 66 años.
A pesar del complejo escenario financiero de las familias, la entidad aclaró que esta situación no se traduce en una crisis para el sistema bancario. El Banco Central contabilizó previsiones equivalentes al 87,6% de la cartera irregular junto a una integración de capital que alcanza el 30,5% de los activos ponderados por riesgo.
Como conclusión, el reporte señaló que el principal desafío consiste en articular la reactivación del crédito con salarios estables, políticas de prevención contra el sobreendeudamiento, mayor transparencia y herramientas de regularización. El propósito de estas medidas es impedir que los problemas temporales de pago terminen por generar una exclusión financiera definitiva.

