La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, marcó diferencias con el presidente Javier Milei respecto a la sentencia contra cuatro trabajadores de prensa que grabaron y entrevistaron en una comunidad originaria formoseña, al afirmar que “la libertad de prensa se respeta” y apuntar contra el mandatario provincial Gildo Insfrán.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, escribió la legisladora en la plataforma X.
El pronunciamiento se produjo luego de que el jefe de Estado celebrara el viernes el fallo emitido por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, que impuso “cinco días de arresto” con opción a una multa de 282.550 pesos para la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán.
A través de sus redes sociales, Milei cuestionó con dureza a los trabajadores de prensa y al sector en general al definirlos como “basuras inmundas con micrófono”, y señaló que operan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”, para luego finalizar su publicación con la palabra “CIAO!”.
El fallo judicial, bajo el número 351/2026 y firmado por el juez Omar Padilla, determinó que el equipo transgredió el artículo 73 del Código de Faltas provincial por cumplir tareas sin la autorización previa requerida y no contar con un carnet habilitante para la labor periodística.
Los hechos se remontan a septiembre de 2025, cuando los comunicadores realizaban coberturas para el proyecto “Hambre de Futuro” del medio La Nación en la comunidad originaria San José, situada en cercanías de Las Lomitas, con el fin de registrar testimonios y la situación social del lugar.
En aquella ocasión, la policía interceptó al equipo y lo condujo a una comisaría, donde permanecieron retenidos cerca de dos horas para ser informados sobre una denuncia promovida por el cacique Guillermo López, quien más tarde declaró no saber qué decía el escrito que había rubricado.
Tras conocerse la decisión judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron su repudio y criticaron la penalización a los profesionales por cumplir con sus tareas laborales.
ADEPA remarcó que en el país no es obligatoria ninguna licencia, matrícula o permiso oficial para desarrollar la actividad periodística, al tiempo que FOPEA alertó sobre un proceso de criminalización del trabajo informativo.