Una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó este lunes 21 de septiembre su visita a la Argentina para realizar la tercera revisión del programa vigente. La auditoría, en caso de recibir el visto bueno, habilitará un desembolso cercano a los US$900 millones correspondientes a los fondos pendientes para 2026.
El equipo del organismo internacional está liderado por Joyce Wong, jefa de misión para el país, y mantendrá encuentros con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Las reuniones se desarrollan sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se trasladó a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar en las sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para que el envío de dinero se concrete, el proceso requiere la aprobación tanto de la misión en Buenos Aires como del Directorio Ejecutivo del organismo. Esta evaluación se produce en la misma semana en que la Argentina debe afrontar un vencimiento con el FMI por US$803 millones, previsto para el viernes 25 de septiembre, al que le seguirán otros compromisos por US$840 millones a principios de noviembre y por US$344 millones en diciembre.
Durante los encuentros se analizará el cumplimiento de las metas fiscales y cambiarias acordadas con la administración de Milei. En el frente cambiario, el Banco Central superó la pauta anual de compra de divisas de US$10.000 millones al adquirir más de US$14.200 millones, lo que representa un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones.
En cuanto a la acumulación neta de reservas para 2026, establecida en US$8.000 millones, los cálculos de la consultora Analytica ubican al Banco Central por encima de ese objetivo, con un nivel de US$9.000 millones. En contraste, las cuentas públicas muestran mayores dificultades para cumplir con las metas del programa.
El acuerdo exige para 2026 un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), pero el Gobierno registró un 0,6% del PBI durante el primer semestre, quedando levemente por debajo de la meta fijada en el 0,7% del PBI. Este desvío se originó en la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la disminución general de la recaudación por la baja de tributos y la actividad económica.
Para proteger el superávit, las autoridades se comprometieron en la revisión anterior a posponer la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, subir la recaudación por tributos específicos y focalizar los subsidios al transporte. La actual auditoría da continuidad a los lineamientos planteados a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante su visita al país.
En aquella ocasión, la funcionaria pidió canalizar el dinamismo de sectores como minería, petróleo y gas hacia áreas rezagadas como la construcción, la logística y los servicios. Asimismo, reclamó eliminar obstáculos de infraestructura, simplificar y abaratar el acceso al crédito, y potenciar el mercado de capitales local.