El juez Juan Carlos Peinado ordenó la apertura de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez. A la pareja de Pedro Sánchez se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que a la asesora se le imputa este último. El magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid señaló que existen "indicios racionales de que la única explicación razonable de la secuencia descrita es la posición relacional de la acusada", según consignó Telemadrid.
El instructor fundamentó su resolución en la creación de una "cátedra extraordinaria a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid y en su posterior designación como directora. El magistrado indicó que Gómez “solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto”. Asimismo, el escrito judicial apuntó que “la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de toda regulación en nuestro ordenamiento” y que, por lo tanto, no otorga derecho a disponer de personal pagado con fondos públicos.
El auto rechaza imponer una fianza a las procesadas y bloquear la sociedad Transforma TSC, aunque ordena relevar la capacidad económica de Gómez mediante sus últimas cinco declaraciones del IRPF. Ambas deberán responder eventualmente por los 113.509,32 euros reclamados por la universidad, la Fiscalía cuenta con un plazo de diez días para presentar su escrito y la decisión no admite recurso. El juez sostuvo que la mujer del mandatario aprovechó su proximidad al Ejecutivo para impulsar su proyección profesional y obtener una interlocución singular con autoridades académicas y empresas.
Por su parte, el Gobierno español calificó la medida judicial de “injusta” y “arbitraria”, al tiempo que la atribuyó a una “persecución” contra Begoña Gómez por el solo hecho de ser la esposa de Pedro Sánchez. Fuentes de La Moncloa expresaron que durante la instrucción quedó “clara y demostrada” su inocencia y manifestaron su confianza en que el jurado popular impartirá justicia. A su vez, desde el Ejecutivo consideraron “intolerable” que la notificación del auto coincidiera con el viaje del presidente rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.