El Gobierno del Reino Unido afirmó que las Islas Malvinas poseen el derecho de explotar sus recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, y ratificó su postura soberana sobre el archipiélago. La declaración fue emitida por la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, a través de un comunicado oficial.
“La posición del Reino Unido es clara: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado”, sostuvo la funcionaria británica. Desde Londres se indicó que esta facultad se desprende del principio de autodeterminación que asiste a los residentes locales.
Este posicionamiento se difundió luego de que la Argentina reforzara sus advertencias dirigidas a compañías y personas físicas que proveen bienes y servicios a las Islas Malvinas, con especial foco en aquellas relacionadas con la industria petrolera. Frente a estas acciones de Buenos Aires, el Ejecutivo británico catalogó las medidas como inaceptables y aseguró que tanto el Estado como su cuerpo diplomático brindan un apoyo total a las firmas y particulares afectados.
Previamente, el 15 de septiembre, Londres había difundido una guía orientativa en la cual defendía la explotación económica del archipiélago. En aquel texto, la administración británica argumentó que las operaciones petroleras en la plataforma continental de las islas se rigen por sus propias normas locales y remarcó que la Argentina carece de autoridad para aplicar sus leyes a quienes operen comercialmente en la zona.
La respuesta británica surgió pocos días después de que la Cancillería argentina repudiara la mencionada guía y comunicara la intensificación de acciones punitivas contra entidades comerciales involucradas en la extracción de recursos en las zonas sometidas a litigio territorial. El Estado argentino argumenta que las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y las zonas marítimas adyacentes integran el territorio nacional, por lo que califica de ilegales los emprendimientos hidrocarburíferos carentes de aval oficial.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la normativa vigente, a través de las leyes 26.659 y 26.915, prevé penalidades para compañías, financistas y abastecedores que intervengan, de forma directa o indirecta, en tareas petroleras no permitidas dentro de la plataforma continental argentina. Como parte de estas acciones, la Cancillería detalló que remitió cerca de 180 misivas de advertencia sobre riesgos a ciudadanos y corporaciones de 30 naciones, además de abrir 60 expedientes administrativos.
El conflicto también involucra al proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte y llevado adelante por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Por último, desde el Reino Unido manifestaron que las decisiones adoptadas por la Argentina no frenarán el progreso financiero de las islas y remarcaron la existencia de amplias posibilidades comerciales para los inversores interesados en operar en el lugar.
“Trabajaremos incansablemente con el Gobierno de las Islas Malvinas para garantizar que se respeten sus deseos”, señaló Kumaran.