La Justicia suspendió la realización de una pericia destinada a establecer el monto de dinero que aparecía en los registros audiovisuales de la modelo Jésica Cirio junto a fajos de dólares, en medio de crecientes peticiones para que estas imágenes sean sumadas a la investigación contra su expareja, Martín Insaurralde.
Fuentes del ámbito judicial informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el magistrado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, hizo lugar a una solicitud presentada por los abogados defensores del exintendente para detener la evaluación de los archivos.
La decisión se originó porque la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tiene pendiente la resolución de un recurso para definir la validez de los videos como elemento probatorio dentro de la investigación por supuesta malversación de fondos y lavado de dinero. En caso de que se determine su admisibilidad como evidencia, el análisis técnico continuará.
A pesar de que los representantes legales de Insaurralde y Cirio solicitaron la exclusión de las grabaciones, el fiscal Sergio Mola se opuso a dicha solicitud, lo que motivó que la defensa de la modelo apelara ante la Cámara, instancia que todavía no emitió un fallo.
Los registros visuales, difundidos previamente por distintos medios de comunicación, exhiben a Cirio dentro de la residencia que compartió con Insaurralde en el barrio cerrado Fincas de San Vicente mientras transita por un vestidor que contenía fajos de billetes estadounidenses ocultos bajo prendas de vestir.
Posteriormente, la Fundación Apolo entregó el material a la Justicia mediante un dispositivo de almacenamiento para su incorporación al expediente. En septiembre de este año, Rodríguez Ponte dispuso una pericia orientada a constatar la autenticidad de los archivos, la fecha de su creación y si sufrieron alteraciones o modificaciones.
La mencionada organización se presentó como amicus curiae ante el tribunal platense con el propósito de lograr la admisión de los videos en la causa, señalando que revisten carácter de “particularmente relevantes” para esclarecer los delitos investigados con vistas a un eventual debate oral.
“La pertinencia probatoria no depende de la cantidad de registros audiovisuales aportados, sino de su capacidad para acreditar o refutar hechos relevantes para la investigación”, enfatizaron.
En paralelo, la entidad Poder Ciudadano, que interviene como querellante, manifestó su apoyo a la incorporación de las imágenes basándose en el “principio de amplitud probatoria”.
“Si bien la DATIP en su informe explicó que por medios técnicos no se puede establecer el origen de los videos, nada impide que haya otros elementos de prueba que puedan complementarse con esos registros fílmicos para echar luz sobre el dinero que pudo tener en su haber el exfuncionario”, indicaron desde la entidad a esta Agencia.

