La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó el reclamo de una mujer que exigió el derecho a la educación inclusiva para su hija menor de edad en la provincia de Entre Ríos. El máximo tribunal dejó sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Justicia provincial, el cual había desestimado una acción de amparo bajo el argumento de que ya transcurría un trámite administrativo ante el Consejo General de Education de Entre Ríos.
El expediente judicial se originó a partir de la presentación de la madre de la niña, quien buscaba frenar una conducta que calificó como lesiva y omisiva para lograr la puesta en marcha de un Proyecto Pedagógico Individual que asegurara la continuidad de su trayectoria escolar. En la primera etapa del proceso, un juez dio luz verde al amparo y le indicó al Consejo General de Educación que diseñara dicho plan de inclusión en un plazo de veinte días corridos.
A pesar de ello, el Estado provincial presentó una apelación y el Superior Tribunal entrerriano desestimó el planteo al argumentar que la Departamental de Escuelas ya llevaba adelante un procedimiento administrativo y que la madre había elegido esa vía.
Tras revocar esa resolución, la Corte Suprema ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento y señaló que la justicia provincial incurrió en un exceso ritual manifiesto que afectó el derecho a una tutela judicial efectiva. El fallo indicó que los magistrados debían obrar con rapidez y emitir una resolución que evitara detenerse en formalismos al tratarse de derechos vulnerables.
En la misma línea, el juez Ricardo Lorenzetti expresó en su voto concurrente que el derecho a la educación de las personas con capacidades diferentes no puede quedar reducido a una mera declaración y advirtió que una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental afecta la confianza en las instituciones.