La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina quedó bajo cuestionamiento a partir de una investigación que reveló contrataciones directas por $20.477.334.664,75, equivalentes a unos US$ 14 millones. El trabajo periodístico reconstruyó siete procedimientos administrativos que abarcaron servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios. La controversia también abarcó la instalación de una carpa VIP y sectores preferenciales para funcionarios, empresarios, eclesiásticos y figuras del espectáculo durante la misa realizada frente al Monumento a los Españoles.
El informe atribuyó la responsabilidad política a la Jefatura de Gabinete, liderada por Diego Santilli, e identificó a Mariana Vello, de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, en la adjudicación principal. Las contrataciones se canalizaron mediante ocho adjudicaciones distribuidas entre distintas empresas bajo la modalidad de contratación directa por compulsa abreviada por urgencia. DF Entertainment S.A. recibió $8.690 millones para la producción integral de la misa y la vigilia, concentrando cerca del 42,4% del total. Nuevos Aires Producciones SRL obtuvo $4.547.700.000 y Recordvision S.A. alcanzó los $3.090.000.000, sumando entre las tres compañías casi el 80% de los fondos informados.
El pliego del contrato principal incluyó exigencias para sectores reservados, como una carpa de 30 por 40 metros con climatización, pisos nivelados, alfombras, mobiliario, 3.500 sillas, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos. Este despliegue generó cuestionamientos por el contraste con las condiciones que afrontaron miles de fieles al aire libre. Posteriormente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos elementos del catering fueron excesivos, aunque rechazó que se tratara de un lujo descomunal. La investigación también mencionó la participación de las empresas TechSecurity y Purgato en tareas de seguridad y limpieza, vinculándolas con entornos familiares de legisladores, aunque no figuraban en la tabla de las siete contrataciones principales.
La secuencia temporal de los trámites, iniciados a mediados de octubre tras la confirmación papal de agosto, abrió interrogantes sobre la justificación de la urgencia administrativa. Las imágenes difundidas en redes sociales desde el sector preferencial expusieron la presencia de figuras del espectáculo como Yanina Latorre, Analía Franchín, Ángeles Landaburu, Belén Ludueña, Valeria Mazza y Carolina Ardohain. El debate público se potenció al contraponerse estos gastos con la situación financiera del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución por la que el pontífice expresó preocupación y que acumulaba una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra el Ministerio de Salud.