La Justicia de Paraguay ordenó la inhibición general de vender y gravar bienes para 34 personas físicas y jurídicas vinculadas a Ueno Bank y a empresas asociadas. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien hizo lugar a la solicitud del Ministerio Público.
La medida judicial se produce luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) interviniera la entidad financiera al constatar que su índice de solvencia se ubicaba por debajo del 50 por ciento del mínimo establecido por las normas locales. Este escenario generó incertidumbre en el sistema financiero ante la posibilidad de que otras instituciones enfrentaran inconvenientes similares, lo que derivó en la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, solicitada de forma expresa por el presidente paraguayo, Santiago Peña.
La resolución afecta al CEO del banco, Federico Miguel Vázquez Villasanti, y a los exdirectivos Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelos González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. El listado de inhibidos también incluye a directivos de firmas asociadas como José Agusto Sala Cardozo, Sergio Pizurno, Vanessa Esther Godoy Ayala, Oscar Urdapilleta, César Javier Mengual Mazacotte, Miguel Ángel Garay, César Astigarraga, Luis Ernesto Angulo Rivera y Guillermo Vázquez Maniagurria.
El bloqueo de bienes recae además sobre Diego Gómez, Luis Fernando Ríos Espínola, André Gayol Pires, Nicolás S. Di Iorio Olivares, Rodrigo Franco, Mauro Vargas Wildberger, Cecilia Domínguez Elizeche, Martín Vargas Wildberger, Gloria Villasanti Farinha y Raúl Fernando Sánchez Gómez. Asimismo, la medida alcanza a las sociedades Mowi S.A, Grupo Hendy S.A, Grupo M S.A, Tuiu S.A, Franede S.A, Aime S.A y Vinanzas S.A.
De acuerdo con la información difundida por el diario ABC y consignada por Noticias Argentinas, el BCP logró congelar activos por más de 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes. Esta acción legal tiene como objetivo resguardar el patrimonio para proteger los fondos de los depositantes tras el proceso de resolución de la entidad.