La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade formalizó un pedido de acceso a la información pública ante la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para conocer los detalles del arribo, la permanencia y la partida de la aeronave Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW. El avión operó en el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú entre el 26 y el 28 de octubre.
A través de su cuenta de Instagram, la legisladora señaló que Flávio Bolsonaro cruzó de noche a Misiones por el Puente Tancredo Neves, registró su ingreso en Migraciones y abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú que despegó rumbo a Miami con escala en Guayaquil. Al respecto, recordó que el dirigente brasileño tenía prohibido salir de su país y que la Justicia le había ordenado la entrega de pasaportes.
En este sentido, la referente opositora cuestionó al oficialismo al manifestar que el Gobierno lo dejó pasar y planteó varios interrogantes sobre la autorización de salida, el pago de la espera, el uso de recursos estatales y los funcionarios intervinientes. Asimismo, remarcó que presentaron la solicitud para que responda la Jefatura de Gabinete en un plazo de 15 días hábiles y enfatizó que Brasil es el principal socio del país.
Por medio de la red social X, la diputada sostuvo que al observar al titular de la aeronave se puede concluir que el gobierno argentino actúa como una asociación ilícita, vinculando la situación con una defraudación a la administración pública en perjuicio de las personas con discapacidad. Además, en la presentación requirió identificar a los responsables de contratar y pagar el vuelo, y determinar si existió participación de organismos nacionales mediante el uso de vehículos, personal o custodia.
El requerimiento también solicita precisar si el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones en esas fechas, detallar el itinerario del avión, conocer los planes de vuelo y saber si se modificó el destino original. A su vez, pide información sobre los controles migratorios y aduaneros, el tiempo de permanencia, la existencia de órdenes de retención y la identificación de los costos de estadía, tasas y servicios aeroportuarios.
La solicitud se canalizó mediante la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y fija un plazo legal para la entrega de la documentación respaldatoria. La legisladora exigió que las respuestas incluyan actas, autorizaciones, comunicaciones oficiales, facturas y comprobantes para esclarecer lo sucedido durante la estadía de la aeronave.