El Tribunal Supremo de España confirmó la decisión de mantener la suspensión del derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para los ciudadanos que adquirieron la nacionalidad a través de la Ley de nietos. Esta determinación impacta directamente a unas 163.020 personas que no estarán habilitadas para sufragar.
El Alto Tribunal rechazó un recurso presentado por la Abogacía del Estado que solicitaba anular la medida cautelar impuesta el 10 de septiembre pasado, la cual había retirado temporalmente la habilitación a los inscriptos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) debido a la falta de tiempo para su revisión, según informó RTVE. Los magistrados sostuvieron que continúa vigente el peligro de que el padrón se conforme de manera irregular y sin las garantías de exactitud, veracidad e igualdad requeridas en un sistema democrático.
En su fallo, la corte señaló que el sufragio no constituye un derecho absoluto, sino que se encuentra supeditado a los intereses generales y a la transparencia del padrón por encima del interés particular. De esta manera, sigue suspendida la incorporación al CERA de quienes consiguieron la nacionalidad pero aún no finalizaron dicho trámite, al igual que aquellos cuyos registros carezcan de la trazabilidad administrativa correspondiente.
Por el contrario, el tribunal indicó que sí podrán sufragar quienes presenten en los consulados un certificado que acredite su nacionalidad y demuestre que son descendientes de exiliados por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación de identidad sexual, conforme a lo establecido por la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, el organismo judicial otorgó un plazo de cinco días a los perjudicados para presentarse en la causa como parte codemandada y presentar sus respectivas alegaciones.
Desde el Poder Ejecutivo manifestaron su rechazo a la resolución judicial. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó en una charla informal con la prensa durante la celebración del Día de la Fiesta Nacional que "parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", de acuerdo con el reporte de Euronews, y añadió que la Abogacía del Estado evaluará los pasos a seguir.
En la vereda opuesta, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respaldó el fallo a través de la red social X y sostuvo que en los comicios no puede haber dudas sobre el padrón electoral. "El Tribunal Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas. Lo primero en democracia es cumplir las reglas", escribió.
Previamente, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían peticionado el levantamiento de la medida cautelar al argumentar la imposibilidad material de auditar los aproximadamente 170.000 expedientes alcanzados por la decisión del tribunal.