El Estado nacional pagó una indemnización cercana a los 110 millones de pesos a un funcionario del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien fue reincorporado en otro organismo público al día siguiente. Daniel Alfredo Neira finalizó formalmente su relación con el Enacom el 31 de julio de 2026 mediante una liquidación neta de 109.781.999,73 pesos y comenzó a trabajar el 1° de agosto como gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El detalle de la liquidación de egreso contempló 73.067.618,10 pesos en concepto de antigüedad, 9.742.349,08 pesos por preaviso y 24.096.076,72 pesos correspondientes a vacaciones no gozadas. La salida fue catalogada como un despido sin causa, conforme a lo establecido por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los registros documentales revelan que los procedimientos para su nombramiento en el INTA se iniciaron el 1° de julio, 23 jornadas antes de que se le notificara la rescisión de su contrato en el Enacom el 24 de julio. De este modo, quedó habilitado para percibir el cobro el 28, cesó en sus funciones el 31 y el 1° de agosto ya figuraba nuevamente en la nómina estatal, sin registrar un solo día de desocupación efectiva. Distintas fuentes del sector calificaron la maniobra como un despido simulado con el fin de cobrar la indemnización, opción que no se habría activado mediante un traslado o una renuncia.
La Procuración del Tesoro define al Estado como un empleador único en un sentido amplio, por lo que el mismo sector que lo desvinculó lo volvió a contratar. Especialistas en derecho administrativo advierten que esta sucesión de hechos puede representar un enriquecimiento sin causa y facultar un pedido de restitución de los fondos.
El Consejo Directivo del INTA analizó el expediente durante un encuentro cerrado y consultó a su servicio jurídico, el cual determinó que un despido sin causa no prohíbe el reingreso al sector público y que no se infringió la Ley de Etica Pública.
El organismo no adoptó una medida definitiva y Neira se mantiene bajo una designación transitoria por 180 días, ratificada el 3 de septiembre con vigencia retroactiva al 1° de agosto. Una fuente oficial admitió que “pudo haber un error en no fijarse si había sido indemnizado” y que la situación podría ser analizada nuevamente en un próximo cónclave.
El hecho se desarrolla en un contexto de reducción del gasto público. Mientras el Enacom abonó una salida millonaria, el INTA cubrió la vacante sin concurso debido a una supuesta urgencia tras retiros voluntarios y por recomendación interna, permitiendo que el funcionario conserve el dinero de la indemnización y su puesto laboral.