La sociedad peruana reclama respuestas al gobierno tras el homicidio a balazos de la periodista y candidata a gobernadora de la región Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido el último fin de semana en un mercado al norte de Lima. La postulante por el movimiento político Socios por Áncash fue asesinada en medio de un clima político convulsionado de cara a las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre.
Frente al silencio de las autoridades locales, la Organización de las Naciones Unidas solicitó a la administración de la presidenta Keiko Fujimori, quien se encuentra en Nueva York para la 81ª sesión de la Asamblea General, que abra rápidamente una investigación para evitar la impunidad. Los partidos políticos apuntan contra la mandataria y su espacio, Fuerza Popular, mientras que algunos competidores exigieron la renuncia del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.
La popularidad de la jefa de Estado registró una caída en las últimas semanas, al pasar de una aprobación de tres de cada cinco peruanos el mes pasado a un tercio en las encuestas de principios de esta semana, en un contexto donde la Policía registró 169 homicidios solo en agosto. La fuerza de seguridad también quedó debilitada por casos de corrupción y crímenes que derivaron en la renuncia de su jefe a principios de septiembre.
Previo a su asesinato, la víctima había recibido amenazas que le advertían sobre un plan de atentado en su contra por parte de un general de la Policía. Sus trabajos periodísticos investigaban precisamente a la fuerza de seguridad y a autoridades locales por hechos de corrupción.