La Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de un hombre reclamado por la justicia chilena para ser sometido a juicio por presuntos abusos sexuales cometidos contra su hija cuando era menor de 14 años. La investigación, a cargo de los tribunales de ese país, imputa a la persona identificada como C.A.H.M. por episodios que se habrían desarrollado entre 2012 y 2020 en diferentes puntos de la localidad de Angol.
La estrategia defensiva procuró evitar el traslado al objetar la falta de precisión en la acusación y la ausencia de determinadas medidas probatorias durante el trámite. No obstante, el recurso fue desestimado tanto en el ámbito del juzgado federal de Mendoza como por la máxima instancia judicial.
Desde la Procuración General se remarcó que la justicia argentina no tiene competencia para evaluar la veracidad de los hechos investigados ni la responsabilidad del acusado, sino únicamente verificar si la solicitud cumple con las exigencias legales formales.
“Es oportuno recordar que el objeto de estas actuaciones se limita a esos aspectos, sin que corresponda discutir acerca de la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido (art. 30 de la ley 24.767)”, indicó el organismo en su resolución. Asimismo, se puntualizó que la entrega formal “tiene la finalidad de someter a H.M al proceso que se le sigue en el vecino país por delitos contra la integridad sexual”.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron asimismo los cuestionamientos vinculados con una supuesta parcialidad del magistrado interviniente y rechazaron los restantes argumentos de la defensa en sintonía con el criterio fiscal.
Pese a que los representantes legales intentarán que el proceso judicial se radique en la Argentina, el tribunal aclaró que dicha petición excede la etapa jurisdiccional de la extradición y su resolución compete de manera exclusiva al Poder Ejecutivo.
Por último, la Corte ordenó que el magistrado a cargo del expediente comunique al Estado chileno el período exacto que el ciudadano cumplió bajo privación de la libertad durante el desarrollo de estas actuaciones.