El gobierno de las Islas Malvinas extendió por cinco años los permisos actuales destinados a la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, en el marco del diferendo con la Argentina por los recursos del Atlántico Sur.
La medida cuenta con el aval de Londres y habilita a las firmas con concesiones vigentes a prolongar sus labores por dicho lapso, con la posibilidad de sumar dos años extra si completan los planes de trabajo previstos.
"Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar", manifestó Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales en la administración isleña.
La decisión se hizo pública al tiempo que la administración argentina endurece sus medidas frente a las corporaciones que operan en el área sin aval oficial, al considerar ilegítimas las autorizaciones británicas.
Uno de los focos principales es el yacimiento Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros de las islas y liderado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, con vistas a iniciar la extracción en marzo de 2028.
En respuesta a una demanda de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dispuso que ambas compañías frenen los trabajos para operar el yacimiento.
Además de estas firmas, poseen autorizaciones exploratorias en la región las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la compañía canadiense JHI.
Por otra parte, las autoridades locales convalidaron que una filial de Navitas asuma el control del bloque PL001 mediante un entendimiento sellado en febrero con JHI Associates, con la expectativa de agilizar los estudios en esa zona.
El Estado argentino argumenta que los permisos británicos carecen de legalidad y que toda actividad hidrocarburífera en la región precisa de su venia, basándose en la Resolución 31/49 de la ONU sobre decisiones unilaterales en áreas en disputa.
Desde Londres rechazan esta postura al afirmar que la Argentina carece de competencia sobre las compañías instaladas en el archipiélago y defienden la autonomía de los habitantes locales para gestionar sus recursos naturales.