La difusión pública de los videos del allanamiento realizado en 2018 al departamento de Cristina Fernández de Kirchner incrementó la tensión en el debate oral del caso conocido como los cuadernos de la corrupción. A diez meses de iniciado el juicio, el Tribunal Oral Federal 7 debe resolver dos solicitudes formales de careo orientadas a contraponer testimonios contradictorios sobre aquel procedimiento y sobre supuestos sobornos vinculados al exfuncionario Roberto Baratta.
El primer pedido fue impulsado por la defensa de Baratta, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, para que el exsubsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación se cruce con los exdirectivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Zabaleta declaró haber entregado el equivalente a un millón de dólares en pesos por directivas de Betnaza, quien sostuvo que los pagos tenían como fin lograr asistencia estatal para evacuar empleados del grupo empresario de Venezuela durante la nacionalización de Sidor. Por su parte, Baratta rechazó las acusaciones y tildó de mentirosos a ambos ejecutivos.
En paralelo, la fiscalía requirió otro careo entre el comisario Juan Carlos Barrales, quien comandó el operativo en la vivienda de la entonces mandataria en el barrio de Recoleta, y Julio Silva, encargado histórico del edificio. “Solo uno puede estar diciendo la verdad”, argumentó la fiscal Fabiana León al exponer divergencias entre ambas declaraciones. Silva afirmó en mayo haber escuchado al policía dialogar con el fallecido juez Claudio Bonadio y recibir instrucciones de quedarse en el domicilio “hasta encontrar algo”, mientras que Barrales negó haber recibido esas directivas y aseguró no recordar la presencia del encargado en ese intercambio.
La controversia surgió durante la exposición de Barrales, entonces jefe de la División Operaciones Federales, en una audiencia que incluyó un cruce entre la fiscalía y Carlos Beraldi, defensor de la exmandataria, quien se opuso a la proyección de las imágenes por vulnerar la intimidad de su clienta. Tras un cuarto intermedio, los magistrados Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero avalaron la medida por mayoría. Según la acusación, en ese inmueble se habrían concretado 87 entregas ilegales por una cifra cercana a los 70 millones de dólares.
Durante su testimonio, Barrales mencionó que en el departamento se halló una puerta blindada detrás del dormitorio principal que conectaba con un vestidor, y la fiscalía pretende contrastar ese dato con los dichos del encargado. Ante el tribunal, Silva aseguró que no presenció el traslado de bolsos con dinero y que en 2018 firmó su testimonio original “sin leer” por sentirse presionado. En paralelo, el tribunal evalúa la situación de testigos ausentes que presentaron certificados médicos, como la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y el CEO de Techint, Paolo Rocca.
Sobre Quiroga, los jueces ordenaron pericias psiquiátricas y psicológicas con resultados dispares: un informe habilitó una declaración remota, en tanto que el Cuerpo Médico Forense la desaconsejó. Su testimonio es considerado relevante debido a las denuncias públicas que formuló en 2013 sobre traslados de bolsos con dinero y sus previas declaraciones ante la justicia. En cuanto a Rocca, quien fue sobreseído tras ser procesado en la etapa de instrucción, Baratta exige su comparecencia como testigo para confrontar las versiones de los directivos de su empresa. Las definiciones del tribunal en los próximos días sobre estos planteos determinarán el rumbo del debate oral.