Las negociaciones paritarias entre el Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes universitarios concluyeron este jueves sin acuerdo en el Palacio Pizzurno, lo que motivó a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y a la Asociación del Personal de la UBA a convocar a un paro escalonado de 23 días.
La medida de fuerza se llevará a cabo de manera rotativa, acompañada por actividades de visibilización en cada unidad académica y repartición entre el lunes 21 y el jueves 22 de octubre. Asimismo, se programó una nueva Marcha Federal para el 15 de octubre con el propósito de visibilizar el reclamo.
Durante el encuentro, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, mantuvo su ofrecimiento de un incremento salarial del 3%. Sin embargo, organizaciones gremiales como la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación de Docentes de las Universidades y la Unión de Docentes Argentinos rechazaron la propuesta de forma unánime.
“Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”, sostuvo el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, añadió el dirigente sindical.
Frente al rechazo de los sindicatos, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, ratificó que el Gobierno otorgará el incremento salarial de todas maneras y justificó ante la Justicia que de esta forma se acatan las medidas cautelares vigentes. En contraposición, los gremios demandan una recomposición salarial aproximada del 32% orientada a "recuperar el poder adquisitivo" y exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
A raíz de la postura oficial, las agrupaciones sindicales anticiparon la continuidad de los paros en las universidades nacionales y la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales prevista para el 15 de octubre. En paralelo, el conflicto se trasladó al ámbito legislativo, donde los rectores exigen una asignación de 11 billones de pesos en el Presupuesto 2027, frente a los 7,3 billones contemplados en el proyecto del oficialismo.
El Frente Intersindical Universitario y diferentes federaciones confirmaron la intensificación de las protestas para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas estudiantiles y un presupuesto operativo adecuado para las instituciones de cara al próximo año. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional y las agrupaciones estudiantiles alertaron que, de persistir el recorte presupuestario para 2027, peligra el comienzo del ciclo lectivo del año próximo.