El fondo de inversión británico Burford Capital activó un proceso de arbitraje contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas al Inversiones, dependiente del Banco Mundial, tras el fallo judicial adverso registrado en Estados Unidos. La presentación formal ya fue aceptada por el organismo internacional, cumpliendo con los anticipos públicos realizados por la entidad en marzo pasado.
Fuentes oficiales confirmaron que la Procuración del Tesoro de la Nación ya diagramó la estrategia defensiva correspondiente. Desde el organismo estatal señalaron que la administración nacional "se venía preparando para esta eventualidad".
El litigio tiene su origen en 2015, cuando Burford compró por 15 millones de euros los derechos para litigar de las firmas quebradas Petersen Energía y Petersen Inversora, vinculadas al Grupo Petersen. Aquellas compañías habían adquirido un cuarto de las acciones de la petrolera mediante créditos que no pudieron cancelar tras la nacionalización dispuesta en su momento.
Junto al fondo Eton Park, los demandantes iniciaron acciones legales en Nueva York bajo el argumento de que el Estado nacional operó como un inversor particular e incumplió las normas de mercado de la empresa. En marzo de este año, la Justicia estadounidense dictó un fallo a favor del país frente a una demanda que alcanzaba los 16.000 millones de dólares.
Para esta nueva etapa ante el CIADI, los demandantes deberán presentar una demanda inédita y exponer nuevos argumentos, ya que se trata de un canal diferente al litigio judicial previo. El marco normativo que habilita esta instancia es el Tratado Bilateral de Inversiones suscripto entre la Argentina y España en 1991.
A diferencia de los tribunales ordinarios, este procedimiento culminará con el dictamen de un laudo y no de una sentencia formal. Paralelamente, el fondo británico mantiene la alternativa legal de elevar el expediente a la consideración de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El proceso para conformar el tribunal arbitral dispone de un plazo límite de 90 días para su integración. Una vez constituido el cuerpo, las autoridades y los representantes legales acordarán el calendario que regirá el desarrollo del debate.
Los plazos de este tipo de actuaciones internacionales suelen extenderse durante varios años debido a la complejidad de las diligencias. Asimismo, las normas de confidencialidad del arbitraje internacional podrían restringir la difusión pública de los datos que manejen las partes.
Frente a esta situación, desde la Procuración indicaron que "la Procuración buscará mantener informada a la opinión pública en la mayor medida posible". Por su parte, los letrados que representan al Estado nacional ratificaron la continuidad de las defensas técnicas: “La República Argentina defenderá su posición con la misma firmeza con la que lo hizo en el frente judicial. Vamos a seguir defendiendo los intereses de nuestro país en cada una de las instancias que se planteen. Estamos preparados”.