El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso mantiene una política de restricción presupuestaria que afecta especialmente a las universidades nacionales y al sistema científico, sectores que ya enfrentaban dificultades previas por falta de financiamiento.
Organismos científicos como el CONICET, la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i contarán con fondos ajustados a la inflación proyectada del 18% para 2027, lo que implicaría una pérdida de poder adquisitivo real si la suba de precios supera esa estimación oficial. Esta situación se suma a una caída acumulada del 35% en los ingresos reales de estas áreas desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.
Por su parte, el INTA registrará una reducción nominal del 12,4% en sus partidas para 2027, mientras que el INTI experimentará una disminución nominal del 5,2%. Ambas instituciones ya acumulan un marcado desfinanciamiento y una merma significativa de personal desde 2024, con recortes reales acumulados que superan el 43% en el primer organismo y rozan el 49% en el segundo.
En cuanto al sector educativo, la iniciativa oficial asigna 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, un monto inferior a los más de 11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Asimismo, el Capítulo II del texto incorpora una disposición que obliga a las casas de altos estudios a reportar el destino de sus gastos al Ministerio de Capital Humano y habilita al Poder Ejecutivo a suspender las transferencias de dinero en caso de incumplimiento.
Frente a este escenario, los rectores universitarios sostienen que la propuesta presupuestaria es insuficiente, señalan que se vulnera la autonomía universitaria y exigen la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario vigente, al tiempo que advierten sobre un incremento en la conflictividad.