Un tribunal de Bogotá exigió al presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, remover de las cuentas oficiales de la Presidencia diversas publicaciones donde el jefe de Estado se muestra junto a cuerpos de supuestos miembros de organizaciones armadas abatidos por las fuerzas armadas.
La resolución provino del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá y abarca posteos realizados el 2 y el 4 de septiembre en Instagram, originados en dos operativos militares.
El recurso legal fue interpuesto por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien argumentó que la divulgación de las fotos podía perjudicar derechos fundamentales, especialmente los de niños y adolescentes.
El tribunal todavía no determinó la ilegalidad de los contenidos ni emitió un fallo definitivo sobre la acción de tutela, sino que dispuso su retiro temporal para evaluar si el material resulta violento o explícito y si su divulgación vulnera derechos.
El primer contenido cuestionado data del 2 de septiembre y se vincula con la operación Azarías, llevada a cabo en la localidad de Miraflores, departamento del Guaviare.
En aquellas imágenes, De la Espriella transita entre bolsas blancas que guardan los restos de al menos 23 individuos muertos en acciones de las Fuerzas Militares contra disidencias de las FARC.
El 4 de septiembre, la Presidencia subió otro material acerca de la operación Centinela de la Patria, efectuada en Riohacha, capital del departamento de La Guajira.
En esa oportunidad, el mandatario se mostró ante la prensa junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas, entre los cuales figuraba Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias “Bendito Menor” e identificado como miembro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
La publicación de este material incorporó la exhibición de cuerpos a la comunicación oficial de los operativos de seguridad del Ejecutivo y generó discusión sobre los márgenes de la propaganda estatal, el manejo de las víctimas y la exhibición de material violento en canales institucionales.
Tanto la Presidencia como De la Espriella disponen de un plazo de dos días para presentar su defensa, tras lo cual la corte deberá emitir una resolución sobre los puntos debatidos en la causa.