El fiscal de menores de Lomas de Zamora, Hernán Ceruti, interpuso un recurso de apelación contra la medida dictada por la jueza Marta Elba Pascual, quien había frenado el Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
Para el funcionario judicial, la decisión genera un daño institucional e jurídico de enorme magnitud al utilizar un habeas corpus para frenar una norma dictada por el Congreso Nacional.
A su vez, remarcó que no se acreditó ninguna práctica ilegal que afecte la libertad de los menores alcanzados por la ley y apuntó que la magistrada avasalla las funciones que le corresponden a otro poder del Estado.
El fiscal indicó que tampoco se constató la detención arbitraria de ningún joven ni una condición de alojamiento agravada por la flamante legislación.
En su fallo, la jueza había fundamentado la suspensión en el posible aumento de menores detenidos y en la falta de infraestructura y recursos provinciales, aunque desde la fiscalía remarcaron que esa deducción se adoptó sin evidencias firmes.
Frente a los interrogantes planteados por Pascual sobre la cantidad de jóvenes alcanzados y la capacidad de los centros, Ceruti advirtió que la resolución transforma una mera posibilidad en una certeza.
La presentación de Ceruti se acopla a la denuncia penal presentada por la ONG Usina por la Justicia, que imputó a la jueza por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad.
Desde esa organización respaldaron la postura del fiscal mediante la red social X y señalaron que la magistrada actuó sin pruebas ni informes, extralimitándose en sus competencias y vulnerando la división de poderes.
En tanto, el espacio político La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bajo la conducción de Sebastián Pareja, solicitará el juicio político de la magistrada.
Pareja calificó a la jueza como una funcionaria alineada con los intereses de la política tradicional y la acusó de intentar frenar una norma sancionada de manera democrática por el Congreso para atender una demanda de la sociedad.